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SENTENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. ESTRASBURGO. 16 de enero de 2018

                SENTENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS.  ESTRASBURGO (Tercera Sección)

    16 de enero de 2018

CASO DE CUENCA ZARZOSO Vs. ESPAÑA

 

COMENTARIO Y OPINIÓN: En primer lugar, no puede sorprender al lector la Sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ello debido al gran precedente que supuso la condena al Estado Español, por este mismo Tribunal y dentro del caso Moreno Gómez (Nº 4143/02) mediante la Sentencia de fecha 16 de noviembre de 2004.

La Sentencia a la que en primer lugar me refiero (2004) y a la que muchos, entre los me incluyo, entendieron como un verdadero percutor de la revolución frente al ruido a todos los niveles, vino a establecer parecido razonamiento partiendo de unos hechos que coinciden en muchos extremos. Dicha revolución vino a activar Directivas que cumplimentaban la incipiente regulación europea en la materia, haciendo que esta legislación europea, con su incorporación al cuerpo normativo español, hiciera mayor frente a la contaminación acústica, ruido y vibraciones.

Esta regulación se basa en los derechos contenidos en nuestra Carta Magna, sustentados en los informes médicos que corroboran la afección grave que provoca el ruido a la salud, y que son enumerados por la Sentencia hoy comentada. Estos son, junto a otros relativos al acceso y amparo jurisdiccional, los derechos concretos a la vida e integridad física (art. 15CE); Derecho a la inviolabilidad del domicilio (art.18) y derecho a disfrutar de un entorno propicio para el desarrollo personal y el deber de preservarlo (art.45). Así, vemos como la vigente Ley del ruido, Ley 39/2007 de 17 de noviembre viene a mencionarlos expresamente en su Exposición de motivos, añadiendo que esta normativa responde igualmente a la transposición de la normativa europea y más concretamente la Directiva 2002/49/CE del Parlamente europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.

Pero vista esta introducción normativa tenemos que centrarnos en la importancia y relevancia que tiene la resolución hoy comentada. Para ello, y en primer lugar, debo mencionar al letrado que en tal resolución se indica que ha defendido al afectado por el ruido tanto en la hoy dictada como en la ya mencionada del caso Moreno Gómez. Este letrado es compañero del que suscribe en la relevante “Asociación Española de Juristas contra el ruido”. Un letrado de dilatada experiencia y de un conocimiento jurídico de alto nivel, lo que le lleva a poseer la máxima especialización en la materia. Desde aquí mi reconocimiento y abrazo a D. Andrés Morey Navarro. Este magnífico profesional de la abogacía ha llegado en estos temas a las más altas instancias europeas en defensa de la salud de sus clientes y fruto de ello son estas dos resoluciones, esta última dictada en el día de hoy.

Pero de estos procedimientos y de esta resolución podemos evidenciar lo dilatado de la lucha o de los procedimientos judiciales instados en defensa ante la agresión por ruido. Vemos en el presente caso,y así lo viene a relacionar la Sentencia, que la misma es la culminación de un procedimiento iniciado por demanda en abril de 2012, hace casi 5 años. Pero si decimos que el procedimiento en esta Instancia europea ha sido largo, tenemos que multiplicarlo por tres cuando hablamos del camino que ha llevado al afectado a ver aceptadas sus pretensiones. Ello debido al necesario transitar de demandas y recursos en agotamiento de todas las instancias judiciales españolas.

 Entrando en los entresijos de la Sentencia, los hechos relatados en los hechos enjuiciados se remontan a solicitudes administrativas hechas por el afectado a principios de la última década del siglo pasado, así como actuaciones de declaración de zonas acústicamente saturadas de dichos años. Así, en el año 1999 es cuando comienza el camino judicial que le llevaría, hilando recursos ante las resoluciones desfavorables a agotar este camino dentro del ordenamiento jurídico y judicial español. Es el 18 de octubre de 2004 cuando el Tribunal Constitucional desestima inicialmente el recurso, amparo presentado por el afectado y que este argumentaba en la vulneración por el Estado de los derechos fundamentales ya mencionados.

Pero es la coincidencia en fechas, publicación de la Sentencia del TEDH en el caso Moreno Gómez solo 28 días después, la que hace que se plantee recurso de apelación ante dicha sentencia desestimatoria por parte del Ministerio Fiscal, haciendo de la resolución del TEDH dictada en esas fechas su fundamentación (presumible identidad de materia y condiciones). Pero es el 29 de septiembre de 2011 cuando el Tribunal Constitucional dicta Sentencia denegando el recuso, aunque ello se hace sin constancia de unanimidad ya que algunos Magistrados entendían vulnerados los arts. 10.2 y 18.1 y 2 de nuestra Constitución.

La acción planteada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos venía a sustentarse en el art. 8 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, Roma 4 de noviembre de 1950, y que viene a establecer en su apartado 1º que “Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.” Y todo ello al entender que se había producido una inacción por las autoridades locales.

            Pues bien, las alegaciones realizadas por los abogados del Estado, en defensa de los intereses del Estado Español, fueron encaminadas a acreditar las actuaciones llevadas a término por parte de la Administración Local como fueron la declaración de zona saturada; sanciones a locales de la zona; exigencia de colocación de limitadores de ruido a algunos establecimientos.  Argumentando igualmente que el afectado no había solicitado ni se había practicado una medición del nivel de ruido en su vivienda.

En este punto es donde la Sentencia se vuelve interesante y relevante. Cuando se alega por parte del Estado Español la no realización de prueba alguna que acredite el nivel de ruido en la vivienda del afectado, está olvidando lo ya resuelto por este Tribunal en el caso, ya mencionado de Moreno Gómez. Así es cuando dicha argumentación choca con lo fijado por esta última en cuanto que la mera existencia o acreditación de la superación de los niveles de ruido en la zona (recordemos que fue declarada zona saturada) llevaría aparejada la prueba del daño a la salud de las personas que viven en la misma. En el presente caso, las comprobaciones de la superación de los niveles en la zona, unida a la continuidad en la misma, hacen concluir que se ha vulnerado el art. 8 del Convenio.

Por ello, viene a resolver que la cuestión que da lugar a dicha vulneración es la envergadura de la acción y la falta de acción eficaz por parte de la Administración para poner fin a esa acción de superación de los niveles de ruido en la zona que provoca daños graves al afectado. Llega a concluirse que las medidas tomadas han sido insuficientes para proteger los derechos garantizados por el Convenio. En este punto, es de destacar la frase literal que establece “..un sistema de sanciones no es suficiente si no se aplica de manera oportuna y efectiva”.

Esta última conclusión es mantenida por el que suscribe en el sentido de entender que la exigencia de acción contra el ruido lleva implícita la exigencia de eficacia en la misma. La Administración que no soluciona el problema de ruido, aunque esté actuando, puede estar vulnerando igualmente los derechos fundamentales mencionados.

Igualmente, esta Sentencia viene a condenar al Estado Español al pago de cantidades correspondientes a los daños morales e igualmente ve legalmente aplicable la condena en costas al Estado Español, incluyendo todos los gastos ocasionados por la defensa jurídica y representación del afectado ante los Tribunales nacionales, periciales, así como los gastos de representación y defensa ante este Tribunal.

La presente Sentencia viene a dejar en evidencia que la inacción o la acción ineficaz en la toma de decisiones y soluciones frente a la agresión acústica puede llevar a una nueva condena a los Estados de la Unión Europea y todo ello tras agotar la vía jurisdiccional de cada uno de ellos. El convenio de Roma y en concreto su art. 8 viene a establecer una referencia y aviso importante, constituyéndose como garante de la eficacia necesaria frente a la molestia por ruido.

           

 

 

 

            Antonio García

Director de Abogado del Ruido

 

 

 

El presente artículo es de opinión, teniendo efecto informativo y careciendo de virtualidad o certificación jurídica. Siendo base del mismo y como bibliografía la Sentencia publicada en la base de datos UDOC, European Court of Human Rights

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Tags: ruido,, CONTAMINACION,, ABOGADO,, ruidos,, sentencia,, tribunaleuropeodederechoshumanos,, justicia,

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