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La Tranquilidad y la Ley de protección de la seguridad ciudadana

Comentario a la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

La norma que ha entrado en vigor este 1 de julio de 2015, La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, relativa a la protección de la seguridad ciudadana y que viene a sustituir a la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, vienen a definir en su preámbulo concepto de “seguridad ciudadana”. Así, comienza definiéndola como la “actividad dirigida a la protección de personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos...”.

El término “tranquilidad” se establece como sinónimo de protección o de seguridad, pero también debemos entenderlo como sinónimo de sosegado y sin inmisiones molestas, en definitiva de buena convivencia. Vemos como esta última acepción se deriva de lo establecido en dicha prefación y ello cuando habla de los fines de la Ley al incluir ente los mismos el de “la preservación no solo de la seguridad, sino también de la tranquilidad y la pacífica convivencia ciudadana” llegando a incorporar sanciones a comportamientos aleatorios que perturban la convivencia ciudadana o el pacífico disfrute de las vías y espacios públicos.

Ya en su parte dispositiva, comprobamos como en su primer artículo y en su aparado 2, se habla del “mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos”, siendo en su artículo 3, referido este a los fines, cuando fija en su apartado C) “la preservación de la seguridad y la convivencia ciudadanas”.

La plasmación en la presente norma de los mecanismos para la consecución de dicho fin, la tranquilidad de los ciudadanos, está en todo el cuerpo normativo de un modo general, pero la cuestión concreta que suscita el presente se centra en la decisión tomada de sancionar el denominado “botellón” y ello en cuanto alteración o acción acusante de molestias vecinales.

Así, en el art. 37 de esta Ley se establece en su apartado 17 y como infracción leve “El consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimiento o transportes públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana”. La autoridad gubernativa, o las autoridades correspondientes de la Comunidad Autónoma, en el ámbito de sus competencias tendrán que actuar en el caso de encontrarse ante actividades de consumo de bebidas alcohólica en la vía pública. Pero, esta decisión de actuar deberá ser tomada con la correcta valoración del alcance de “perturbación grave de la tranquilidad ciudadana”.

En este punto debemos poner de manifiesto que en muchas ciudades, la masiva concentración de personas en unos determinados lugares o vías urbanas y donde el consumo de alcohol es el motivador de dichas concentraciones, genera para los residentes en los edificios o viviendas que colindan con dichas actividades graves problemas de ruido y molestias. La gran concentración de gente y las horas, generalmente nocturnas de dichas concentraciones, hacen que el descanso, el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio y a la protección de la salud se vea gravemente agredidos y vulnerados. Es por ello que el actuar en evitación de estas grandes o no tan grandes concentraciones y que perturban la tranquilidad de los vecinos debieran ser suficiente objeto de motivador de actuación por parte de la autoridad, evitando las mismas y haciendo que la tranquilidad vuelva a cundir en los barrios o calles afectadas.

Vemos como esta infracción, calificada como leve, puede ser sancionada entre 100€ y hasta 600€, siendo su determinación concreta la derivada de aplicar unos criterios de proporcionalidad y atendiendo a la cuantía del perjuicio, trascendencia o capacidad económica del infractor entre otros. En este punto es de destacar lo establecido en cuanto a la responsabilidad civil derivada de dicha actuación y que para el caso de menores de 18 años no emancipado o una persona con la capacidad modificada judicialmente responderán, solidariamente con él, sus padres, tutores, curadores, acogedores o guardadores legales o de hecho según proceda.

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